Comuneros sin techo

A contramano de lo que indica la ley, el gobierno porteño no les concede presupuesto a las comunas y creó unidades paralelas de atención ciudadana.

Por primera vez, el 6 de diciembre de 2011, los 105 comuneros porteños, electos a través del voto popular, prestaron juramento en la Legislatura de la ciudad. Estaban entusiasmados, no era para menos: después de siete años de sancionarse la Ley Orgánica de las Comunas –y el mismo tiempo acumulado sin implementarse– los representantes que establecen el lazo más cercano entre la ciudad y los vecinos transitarían su primera experiencia de poder en los barrios. Debates, proyectos, agendas culturales, mantenimiento de calles y espacios verdes y hasta los más nimios conflictos vecinales deberían discutirse y ser resueltos por los comuneros. Sin embargo, aquellas expectativas se esfumaron más rápido que el calor del verano. A sólo dos meses de aquella jura, los dirigentes macristas las dejaron en el olvido.

Para entender el proceso, vale remontarse en el tiempo. Poco después de las elecciones porteñas, el 4 de agosto de 2011, el Boletín Oficial de la Ciudad publicó el decreto 376/11, firmado por Mauricio Macri, a través del cual se creaban las Unidades de Acción Ciudadana (UAC), dependientes de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete. Según el expediente, las UAC tenían por función “ejercer la supervisión, coordinación y control en la prestación de servicios” y “gestionar y realizar el seguimiento de los reclamos, quejas, denuncias, solicitudes y trámites presentados por los vecinos, distribuyéndolos a las áreas competentes”. En la práctica, serían como Centros de Gestión y Participación (CGP) paralelos, ya que estos –según establece la ley– habían sido absorbidos por las comunas.

La aparición del decreto provocó la presentación de un amparo judicial, que interpuso Juan Cabandié –presidente del bloque del Frente para la Victoria– y que recibió el apoyo de diversos legisladores, para evitar la puesta en marcha de las unidades que, en definitiva, tendrían la misma función que las comunas. El esfuerzo fue en vano: el Pro mantuvo las UAC y hasta les otorgó presupuesto acorde con sus funciones.

Jorge Juárez, militante del Pro de la comuna 3, fue de los que alzó la voz para denunciar la maniobra de sus propios referentes. Luego de abandonar las filas partidarias, dos meses atrás, declaró a Veintitrés: “No quiero ser parte de la pandilla organizada por Mauricio Macri, Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta. Quieren centralizar todo y quitarles poder a las comunas, para que nosotros, que fuimos electos, no podamos hacer nada. Este problema es responsabilidad del jefe de gobierno”. En 2011, la Legislatura porteña votó que el 0,5 por ciento del presupuesto de la ciudad fuera destinado a las comunas, es decir, sesenta millones de pesos para cada una. Pero lo cierto es que los organismos barriales todavía no tienen plata “ni para un café”, según ejemplifica el ex Pro.

El resto de las comunas tampoco está exento de conflictos. En la número 10, que abarca, entre otros barrios, a Villa Luro y Floresta, dos comuneros de la troupe macrista se agarraron a piñas. “Se sienten defraudados, molestos, porque nos están privando de hacer política, de resolver cosas”, explicó Juárez. El hecho ocurrió cuando Osvaldo Vega, el saliente dirigente del CGP –y que fue tercero en la lista a comuneros– se trenzó con Agustín Ferrari –primero en la nómina– porque no quería cederle su oficina ni algunas camionetas que tenía a su disposición. A tal punto llegó el pleito, que debió intervenir la policía y se desalojó el edificio donde funciona la comuna, en Bacacay al 3900.

Según Maximiliano Nenna, representante del FPV, en la comuna 4 “la experiencia no funciona porque no hay voluntad del Pro para que el presupuesto esté disponible para nuestra gestión. La directiva política que hay es la de desactivar la participación popular”. Por caso, cuando a mediados de enero las fuertes tormentas inundaron la Capital, desde el Gobierno de la Ciudad informaron a los vecinos que los reclamos debían realizarse en los CGP. “En ningún momento nombraron a las comunas, no las reconocen. Los CGP ya no existen más, pero para Mauricio Macri sí”, explicó Nenna.

Pero hay más. El funcionamiento de las comunas no puede llevarse a cabo sin la constitución del Consejo Consultivo, que deberían integrar organizaciones barriales y partidos políticos con la obligación de presentar y promover proyectos. En la comuna 4, el presidente determinó un plazo de vencimiento muy corto para que los interesados en el cuerpo de consulta pudieran presentarse. “Presentamos una carta documento porque no sólo el plazo era irrisorio sino que no estaban claros los criterios para presentarse –dijo Nenna–. El macrismo hace lo imposible para impedir la participación vecinal”.

En la comuna 15, la situación es aún peor. Carlos Méndez, comunero de Proyecto Sur, denunció que todavía no tienen habilitado el edificio donde funcionaría la comuna. “Dejaron de pagar a la empresa que hacía la refacción y está todo a medio hacer. No tenemos energía eléctrica así que no podemos trabajar. Desde el Pro dicen que las funciones de la UAC y la comuna no son las mismas, pero a los vecinos los atienden los empleados de las unidades, que terminan decidiendo qué hacen y qué no los comuneros. En concreto, no tenemos presupuesto ni podemos decidir nada”.

Daniel Rotta (FPV), representante de la comuna 3, también apuntó que no tienen espacio físico para desempeñar sus tareas y sostuvo que “el objetivo político de Macri se está cumpliendo. Está dejándonos sin presupuesto y así nos quiere desgastar”. Además, explicó: “Las obras de infraestructura ya están todas licitadas hasta el 2014, por lo tanto, tampoco tenemos resolución propia en ese ámbito”.

En el medio de la disputa permanecen los vecinos porteños que desconocen adónde y a quiénes deberían dirigirse en caso de inconveniente. O qué ley debería respetar la ciudad. Pero eso, a Macri, mejor no preguntarle.

 

Fuente: Revista 23